En España, la Ley de Arbitraje del año 2003, que entró
en vigor en 2004, tuvo como objetivo principal introducir
un sistema de solución de conflictos y disputas sobre
contratos tipo comerciales mediante mecanismos eficientes
como alternativa jurisdiccional, proporcionando
medios a los operadores económicos en el ámbito nacional
y generando un nuevo impulso a las soluciones y
controversias comerciales, o de otra índole, que en las
relaciones económicas pueden surgir. Posteriormente,
la Ley 11/2011 marcó un antes y un después en la Ley de
Arbitraje con una reforma en profundidad, poniendo al
día legislativamente unos propósitos más eficientes en
su autonomía privada, y generando, por supuesto, más
seguridad jurídica.
