CARRASCO GONZÁLEZ, FRANCISCO M. / PÉREZ ROYO, FERNANDO
La presente obra contiene una exposición ordenada y sistemática del conjunto de instituciones y conceptos propios de la parte general del Derecho Financiero. Dentro de ella pueden distinguirse dos ramas, que se mantienen diferenciadas en la exposición. Por un lado, el Derecho Tributario, que comprende los principios y conceptos del régimen general de los tributos (teoría de la norma tributaria, elementos del tributo, procedimientos tributarios). Por otro, el Derecho Presupuestario, concepto en el que se resume el ordenamiento financiero del proceso de gasto público. Se inserta también un capítulo sobre la Deuda Pública. En cada ámbito, se toma como punto de partida el análisis de los principios constitucionales, desarrollando la exposición, a continuación, en torno a cuestiones comprendidas en los dos textos codificadores: Ley General Tributaria (LGT) y Ley General Presupuestaria (LGP), con los correspondientes desarrollos reglamentarios. Igualmente, se ha prestado atención a las aportaciones doctrinales y, sobre todo, a la Jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional, en primer lugar, la del Tribunal Supremo y, en menor medida, la de Tribunales inferiores. La exposición se preocupa por conjugar un estilo accesible, de un lado, y el rigor y precisión en los conceptos, de otro, pensando siempre en quiénes son los destinatarios principales: estudiantes universitarios y profesionales del Derecho. En lo que se refiere a la presentación del texto, en cada capítulo los ejemplos que acompañan a la exposición de las diversas cuestiones se incluyen en recuadros que facilitan la consulta. La presente edición incorpora los últimos cambios legislativos. Además de las modificaciones a la Ley General Tributaria que contiene la Ley 11/2021, de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ya fueron incluidas en la edición anterior, la resultante de la Ley 5/2022. Por otro lado, la nueva edición incorpora los pronunciamientos judiciales más recientes. En primer lugar, del Tribunal Constitucional, como la STC 182/2021, que corrige la jurisprudencia anterior sobre el principio de capacidad económica como parámetro de la imposición. En segundo lugar, de la jurisdicción contencioso-administrativa, con un buen número de resoluciones que tratan cuestiones heterogéneas (inviolabilidad del domicilio, revocación, silencio positivo en solicitudes de devolución, etc.).
