Las últimas legislaturas se han caracterizado por una sostenida actividad de reforma tributaria, en la que el conjunto de las modificaciones, en palabras del propio legislador, ha ido permitiendo una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, especialmente para los perceptores de rendimientos del trabajo o de actividades económicas de rentas más bajas, y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o personas con discapacidad. Así, la discapacidad se ha configurado como uno de los grupos sociales a los que el legislador ha prestado mayor atención, por entender que requieren mayor protección. Los poderes públicos son conscientes de la necesidad de avanzar en este campo y asumen que la plena inclusión de las personas con discapacidad es todavía una asignatura pendiente en España. Asimismo, se busca una mayor coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el diseño de una política fiscal transversal, que traiga un reconocimiento igual de derechos, independiente del territorio, para acabar con la desigualdad y la inseguridad.
