El presente trabajo constituye una aportación teórica, pero también práctica, acerca de los criterios que deben permitirnos diseñar y usar las herramientas normativas que, en los próximos años, deberán guiar el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, con potencial impacto sobre los derechos fundamentales. El autor dedica una parte importante de su trabajo a estudiar la naturaleza jurídica de las llamadas evaluaciones de impacto algorítmico en nuestro ordenamiento jurídico, a analizar cómo se produce la recepción de una práctica habitual en los sistemas del derecho común que más allá de las directrices éticas a las que responden, están basadas en un traspaso de la responsabilidad y de la obligación de ponderar, un ejercicio que ahora se exige a empresas y administraciones públicas implicadas. En un escenario normativo dominado por el enfoque de riesgo, como el propuesto por la Unión Europea, el papel de las evaluaciones de impacto algorítmico deviene clave. A los juristas nos corresponde, cuanto antes, aceptar este nuevo paradigma, comprendiendo los efectos del principio de responsabilidad
