La entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 25 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra el fraude, ha supuesto un hito histórico en nuestro Ordenamiento jurídico y para el Estado de Derecho que este sustenta, y ello no sólo por lo que de innovación sustancial representa respecto a la gestión de otros procedimientos anteriores que pudieran ser utilizados para «informar» sobre infracciones administrativas o delitos, sino también por el cambio de paradigma en relación con la percepción y situación organizativa, social, cultural y legal de la persona del «informante». Como demuestra la experiencia comparada y la nuestra propia, los principales informantes por canales internos y externos y ante la opinión pública de incumplimientos son aquellas personas que, prestando sus servicios en régimen laboral, funcionarial o como autónomos en empresas y otras entidades públicas y privadas, obtienen un profundo conocimiento de los mismos y, consecuentemente, de la eventual comisión de ilegalidades en sus actividades. Es por ello por lo que esta obra a
